Desde hace 2000 años ha existido un uso tradicional, ritual y culturalmente legalizado de las hojas de coca en la región andina. La corona española a través del Virrey Toledo intentó erradicar el cultivo de coca en el Perú, obteniendo resultados significativos en el territorio del Ecuador de hoy. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos implementados, esta empresa fue menos exitosa en los centros económicos mineros del sur del Perú y Bolivia pues la coca se empleaba como elemento de pago para los trabajadores mineros y agrícolas, quienes la utilizaban como medio para resistir las inadecuadas condiciones laborales a las que estaban sometidos.
Esta forma de explotación persistió en la República y en algunas zonas hasta hace unos 40 años. Todo esto determinó una cierta ambigüedad en la actitud inicial y cultural de la población peruana hacia el problema de las drogas en el Perú (extensión de cultivos de coca). El uso del clorhidrato de cocaína a comienzos del presente siglo, creyéndose que tenía propiedades curativas excepcionales, comienza a crear una distorsión de sus patrones antropológicos e históricos, más aún cuando su comercialización es ilegal y se introduce a comienzos de los años 80 el uso de pasta básica de cocaína ( "crack", "bazuco") y el clorhidrato de cocaína.
La afluencia de los campesinos luego de la reforma agraria, la caída de los precios de productos tradicionales en el mercado internacional, la demanda por el clorhidrato de cocaína y la acción de los narcotraficantes, fundamentalmente colombianos se sumaron a la alianza coyuntural entre los narcotraficantes y los movimientos terroristas peruanos que existió hasta 1993 aproximadamente.
El uso de las hojas de coca para producir sustancias ilegales (particularmente en la zona de selva), tales como la pasta básica de cocaína ha tenido un impacto negativo en la ecología, economía, salud y política peruana, así como en las relaciones internacionales del país, convirtiéndose en una seria amenaza para la integridad y estabilidad del mismo.
Hasta el año 2003 se estima que existen aproximadamente 20,700 campesinos cocaleros, pertenecientes a núcleos familiares de 5 a 6 personas en promedio. Se puede afirmar que en este período existieron aproximadamente 114,000 personas viviendo directamente del cultivo de la coca en el Perú, siendo los valles del Alto Huallaga y el Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE) las zonas donde se concentra la mayor actividad cocalera. Dichas personas encuentran en la coca su principal fuente de ingresos mientras otro grupo ha regresado a cultivos tradicionales o ha incorporado cultivos alternativos manteniendo, en algunos casos, un porcentaje de terreno con cultivos de coca como forma de protegerse contra las coyunturas adversas del mercado agrícola nacional e internacional.
Esta forma de explotación persistió en la República y en algunas zonas hasta hace unos 40 años. Todo esto determinó una cierta ambigüedad en la actitud inicial y cultural de la población peruana hacia el problema de las drogas en el Perú (extensión de cultivos de coca). El uso del clorhidrato de cocaína a comienzos del presente siglo, creyéndose que tenía propiedades curativas excepcionales, comienza a crear una distorsión de sus patrones antropológicos e históricos, más aún cuando su comercialización es ilegal y se introduce a comienzos de los años 80 el uso de pasta básica de cocaína ( "crack", "bazuco") y el clorhidrato de cocaína.
La afluencia de los campesinos luego de la reforma agraria, la caída de los precios de productos tradicionales en el mercado internacional, la demanda por el clorhidrato de cocaína y la acción de los narcotraficantes, fundamentalmente colombianos se sumaron a la alianza coyuntural entre los narcotraficantes y los movimientos terroristas peruanos que existió hasta 1993 aproximadamente.
El uso de las hojas de coca para producir sustancias ilegales (particularmente en la zona de selva), tales como la pasta básica de cocaína ha tenido un impacto negativo en la ecología, economía, salud y política peruana, así como en las relaciones internacionales del país, convirtiéndose en una seria amenaza para la integridad y estabilidad del mismo.
Hasta el año 2003 se estima que existen aproximadamente 20,700 campesinos cocaleros, pertenecientes a núcleos familiares de 5 a 6 personas en promedio. Se puede afirmar que en este período existieron aproximadamente 114,000 personas viviendo directamente del cultivo de la coca en el Perú, siendo los valles del Alto Huallaga y el Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE) las zonas donde se concentra la mayor actividad cocalera. Dichas personas encuentran en la coca su principal fuente de ingresos mientras otro grupo ha regresado a cultivos tradicionales o ha incorporado cultivos alternativos manteniendo, en algunos casos, un porcentaje de terreno con cultivos de coca como forma de protegerse contra las coyunturas adversas del mercado agrícola nacional e internacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario